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El pasado 22 de febrero, Madrid fue testigo de una nueva manifestación convocada por abogados y procuradores, quienes salieron a las calles para reclamar pensiones dignas y la implementación de la Pasarela RETA 1×1. A pesar de la movilización, la sensación generalizada entre muchos profesionales del derecho es que estas protestas no han logrado cambios significativos, debido a la falta de voluntad política y a la fragmentación dentro del colectivo.
Contexto de la Manifestación
La manifestación del 22F fue organizada por diversas asociaciones y colectivos de la abogacía, con el objetivo principal de exigir al Gobierno la Pasarela RETA 1×1, un mecanismo que permitiría a los mutualistas jubilarse con pensiones equivalentes a las del Régimen General de la Seguridad Social. Además, se reivindicaron mejoras en el Turno de Oficio (TO), un servicio público para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos con menos recursos.
Sin embargo, la protesta estuvo marcada por la falta de unidad entre los diferentes grupos de la abogacía. Colectivos como J2 y Marea Negra tuvieron una presencia destacada, mientras que otros, como Venia, quedaron diluidos en el «totum revolutum» de siglas. Esta fragmentación resta fuerza a las reivindicaciones y dificulta la consecución de objetivos comunes.
Una Movilización sin Resultados Tangibles
A pesar de la participación y el esfuerzo de los manifestantes, la realidad es que estas protestas no han logrado avances concretos. El poder político, aunque no está «ciego ni sordo», parece no tener intención de adoptar una decisión firme sobre la Pasarela RETA 1×1. Mientras tanto, otras reivindicaciones urgentes, como las mejoras en el Turno de Oficio, han quedado en un segundo plano.
La abogacía institucional, salvo contadas excepciones, ha optado por el «postureo y pasteleo» con el poder, priorizando sus intereses particulares sobre las necesidades del colectivo. Esta actitud ha generado frustración entre muchos profesionales, que ven cómo sus demandas son ignoradas una y otra vez.
Falta de Voluntad Política y Prioridades Distorsionadas
Uno de los puntos más criticados es la falta de recursos para implementar mejoras en el servicio público de justicia y garantizar pensiones dignas para los mutualistas. Mientras tanto, el Gobierno parece tener fondos para financiar proyectos cuestionables y mantener una mafia subvencionada que desvía recursos que podrían destinarse a causas más urgentes.
La situación es especialmente indignante cuando se compara con las pensiones actuales de los mutualistas, que son tan bajas que resultan «propias de pobres desgraciados que nunca trabajaron ni cotizaron». Esta realidad contrasta con los gastos superfluos en comilonas y eventos que poco aportan al bienestar del colectivo.
Una Lucha que Sigue sin Frutos
La manifestación del 22F en Madrid ha dejado en evidencia la desunión dentro de la abogacía y la falta de voluntad política para abordar sus reivindicaciones. A pesar de las movilizaciones, los avances son mínimos, y el colectivo sigue sin lograr un logro notable que allane el camino para el resto de demandas.
Mientras los partidos políticos del Régimen del 78 continúan pidiendo el voto de los profesionales del derecho, muchos se preguntan si vale la pena seguir apoyando a quienes no han hecho nada por mejorar sus condiciones laborales y jubilación. La respuesta, para muchos, es clara: no es admisible que haya recursos para la corrupción y los proyectos innecesarios, pero no para garantizar pensiones dignas y un servicio de justicia eficiente.